Sentencia Asunto n. 6865/19 Ferlazaou c. Malta 11 marzo 2021

El demandante, de nacionalidad nigeriana, cumplió una pena de prisión de 12 años tras una condena por cargos relacionados con las drogas. Al ser liberado en 2018, fue llevado a la Oficina de Inmigración y se le informó de que sería devuelto a Nigeria sobre la base de las leyes nacionales de inmigración en materia de expulsión por motivos penales. Se le mantendría detenido a efectos de expulsión y se le ordenó entrar en la furgoneta que le llevaría al centro de detención. Se resistió y durante la pelea que se produjo sufrió varias lesiones.

Los policías implicados interpusieron una acción penal contra el demandante por agresión; el demandante fue condenado y, en mayo de 2019, fue trasladado a un centro de internamiento para inmigrantes. Pocos días después, a raíz de una sentencia que convertía su multa en condena por no poder pagarla, fue trasladado de nuevo a un centro penitenciario. En septiembre de 2019, fue trasladado de nuevo a un centro de internamiento sin que se le informara de la fecha de su expulsión. Se le informó de que podría abandonar el centro de detención en noviembre de 2020.

El demandante presentó una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. A raíz de las irregularidades en el modo en que la oficina de asistencia jurídica maltesa le asesoró y representó, se le invitó a beneficiarse de la asistencia jurídica del Tribunal. Se le concedió otra solicitud de asistencia jurídica para ayudarle a impugnar sus condiciones de detención, pero no se realizó ninguna consulta al menos hasta octubre de 2020.

La reclamación alega violaciones de los artículos 3, 5, 6 §§ 1 y 3 (c).

Decisión y razonamiento:

El Tribunal dictaminó que sólo se considerarán admisibles las partes de la demanda relativas al artículo 3 (condiciones de detención) y al artículo 5. En cuanto al resto de la demanda, el Tribunal señaló que no se había agotado la posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad. [58-64]

Artículo 3 (condiciones de detención)

El Tribunal comenzó su análisis reiterando los principios fundamentales relativos al artículo 3 y a la detención y señaló que ya había expresado su preocupación por el centro de detención en el que se encontraba el demandante. Observó que, aunque el demandante presentó fotos en apoyo de sus afirmaciones, el Gobierno no presentó observaciones generales que estuvieran respaldadas por ninguna documentación o especificidad.  Sin embargo, no se demostró que la atención médica hubiera sido inaceptablemente limitada ni que las condiciones dieran lugar a un hacinamiento. Las demás alegaciones del demandante merecerían, en cualquier caso, ser consideradas, ya que no hubo refutación por parte del Gobierno y coinciden con las preocupaciones planteadas en anteriores casos de detención en Malta. [84-88]

El Tribunal hizo especial hincapié en los 75 días que el demandante pasó solo en un contenedor, sin acceso a la luz natural y sin posibilidad de hacer ejercicio durante la primera mitad del mismo, y en el hecho de que el Gobierno no dio suficientes explicaciones ni pruebas para refutar esta alegación. Aunque el alojamiento en un contenedor no viola necesariamente el artículo 3, la luz y la ventilación limitadas son factores importantes en esta evaluación. [89-90]

Aunque el demandante fue puesto en aislamiento para su propia protección debido a las amenazas que había recibido, la severidad y la duración de la medida fueron excesivas y parece que las autoridades no consideraron otras alternativas. Además, es igualmente preocupante que después de este período de aislamiento el demandante fuera trasladado a una parte diferente de las instalaciones donde los nuevos solicitantes de asilo eran puestos en cuarentena Covid-19. Esta cuarentena duró casi siete semanas y no había ninguna razón para creer que el demandante la necesitara. Esta medida podría haber supuesto un riesgo para la salud de la demandante y no puede considerarse que cumpla los requisitos sanitarios básicos. [91-93]

Artículo 5

El demandante se quejó de que su detención era ilegal porque su deportación no era factible. Tras analizar los principios fundamentales [101-104], el Tribunal observó, entre otras cosas, que el demandante estuvo detenido durante catorce meses con vistas a su deportación. No había ningún procedimiento judicial pendiente que retrasara la deportación del demandante, sino que el único paso que dieron las autoridades fue ponerse en contacto con las autoridades nigerianas para la expedición de un pasaporte.

Aunque las autoridades maltesas no podían obligar al otro país a expedir un documento de viaje, no se ha demostrado que intentaran activamente hacer frente a la situación. Sólo hubo una nota verbal en esos catorce meses, lo que no puede considerarse como “gestiones diligentes con vistas a la deportación”. Por último, las autoridades nigerianas que visitaron al demandante tenían dudas sobre su identidad y la expedición de un documento de viaje era bastante incierta. Las autoridades eran conscientes de la falta de perspectivas de deportación. [107-110]

El demandante también alegó que su derecho de petición ante el Tribunal había sido obstaculizado debido a la interferencia de las autoridades penitenciarias en su comunicación y a las irregularidades en su representación por un abogado designado en el marco del sistema de asistencia jurídica interna. [112-116]

El Tribunal analizó sus principios en relación con el artículo 34 y la comunicación con el Tribunal y señaló que la ausencia de confidencialidad en la forma en que se le comunicaba la correspondencia del Tribunal suscitaba serias preocupaciones. 117-121] Además, el Tribunal reiteró que la protección otorgada por el artículo 34 no depende de si la supuesta interferencia tuvo realmente un impacto en el derecho de petición de la persona. En la misma línea, el hecho de que no se proporcionara al demandante copias de los documentos para justificar su solicitud también indicaba una interferencia injustificada. [122-124]

En cuanto a las irregularidades en la prestación de asistencia jurídica, el Tribunal reiteró su jurisprudencia sobre el artículo 6 y las circunstancias que indican que la asistencia jurídica era “práctica y efectiva.” [125-126] En el presente caso, el Tribunal no examinó la calidad del asesoramiento ofrecido, pero observó que la abogada designada no mantuvo la confidencialidad en su comunicación con el demandante y abandonó su mandato sin informarle y sin una revocación oficial de su nombramiento ordenada por el tribunal. [127-129]

Resultado:

Violación del artículo 3 del Convenio;

Violación del artículo 5 § 1 del Convenio;

Violación del artículo 34.

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