Nuevos instrumentos de la Corte Internacional de Justicia para la implementción de medidas provisionales. Relevancia para el asunto Gambia c. Myammar.

La Corte Internacional de Justicia acaba de emitir un comunicado de prensa, relativo a la aplicación de las órdenes de medidas provisionales ante el tribunal. Este nuevo hecho es importante y se relaciona directamente con el caso Gambia c. Myanmar, que se encuentra actualmente ante la Corte, y con una causa en la que la Corte Internacional de Justicia ha dictado una orden de medidas provisionales el 23 de enero de 2020.

  1. ¿Cuáles son las novedades?

Primero, un poco sobre el desarrollo. Sobre la base del Reglamento de la Corte, la sección D se refiere al funcionamiento interno de la Corte, y el artículo 19 dispone específicamente que esa práctica judicial interna se regirá por las resoluciones adoptadas por la Corte. De acuerdo con esta disposición, la “Resolución relativa a la práctica judicial interna del Tribunal” fue adoptada el 12 de abril de 1976, y puede ser enmendada o ampliada de vez en cuando. Es esta resolución la que se ha ampliado con la adopción de un nuevo artículo 11 – que lee:

 Artículo 11

     i) Cuando la Corte indique medidas provisionales, elegirá tres magistrados para que formen un comité ad hoc que ayude a la Corte a supervisar la aplicación de las medidas provisionales. Este comité no incluirá a ningún miembro de la Corte de la nacionalidad de una de las partes ni a ningún juez ad hoc.

   ii) El comité ad hoc examinará la información proporcionada por las partes en relación con la aplicación de las medidas provisionales. Informará periódicamente a la Corte, recomendando posibles opciones para la Corte.

   iii) Toda decisión al respecto será adoptada por la Corte.

2. La razón de su importancia:

Se trata de un acontecimiento importante por varias razones.

La primera es que hay un número creciente de casos ante la Corte en los últimos años que han dado lugar a la emisión de órdenes de medidas provisionales. En los últimos cinco años se han dictado órdenes de medidas provisionales en los siguientes casos: Inmunidades y procedimientos penales (Guinea Ecuatorial c. Francia), Medidas provisionales, Orden de 7 de diciembre de 2016; Aplicación del Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (Ucrania c. Federación de Rusia), Medidas provisionales, Orden de 19 de abril de 2017; Caso Jadhav (India c. Pakistán), Medidas provisionales, Orden de 18 de mayo de 2017; Aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (Qatar contra los Emiratos Árabes Unidos), Orden de medidas provisionales, de 23 de julio de 2018; Presuntas violaciones del Tratado de Amistad, Relaciones Económicas y Derechos Consulares de 1955 (Irán contra los Estados Unidos), Medidas provisionales, Orden de 3 de octubre de 2018; y la más reciente, Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (Gambia contra Myanmar), Medidas provisionales, Orden de 23 de enero de 2020.

Es evidente que se necesita una mayor garantía de aplicación, habida cuenta del número de casos que dan lugar a medidas provisionales. También cabe recordar que en el pasado se han producido violaciones flagrantes de las órdenes de medidas provisionales, como en el caso de la pena de muerte de LaGrand (Alemania contra los Estados Unidos), entre otros. [1]

3. Relevancia para el conflicto entre Gambia c. Myanmar

Cabe recordar lo que implica la orden de medidas provisionales en el caso de Gambia c. Myanmar. La orden de medidas provisionales exige el cumplimiento de las obligaciones de la Convención sobre el Genocidio, la preservación de las pruebas y la presentación periódica de informes por Myanmar a la Corte Internacional de Justicia, en un plazo de cuatro meses a partir de la orden y posteriormente cada seis meses. Así pues, ya ha habido dos presentaciones de Myanmar. También se han realizado esfuerzos concertados para garantizar la transparencia y la publicación de los informes a la Corte. Cabe señalar también que en el caso anterior relativo al genocidio en la Corte Internacional de Justicia -aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (Bosnia y Herzegovina c. Serbia y Montenegro)- se ordenaron dos conjuntos de medidas provisionales, en abril de 1993 y nuevamente en septiembre de 1993. Es evidente que el genocidio de Srebrenica en 1995 indicó el incumplimiento de las órdenes jurídicamente vinculantes dictadas por la Corte Internacional de Justicia. 

Es necesario abordar la cuestión de su cumplimiento- lo que es a su vez un dilema,  limitación y problema del Derecho internacional en general. En cualquier caso,  el mero hecho de dar un pequeño paso aunque sea mínimo en la vigilancia de estas órdenes jurídicamente vinculantes por parte de la Corte puede dar lugar a una mayor adhesión y a la diseminación de una opinio iuris.


[1] Sobre la relación entre el Derecho Internacional, Penal y la pena de muerte, véase, http://www.academicsforabolition.net/.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios .