La obligación internacional de los Estados de impedir la privación arbitraria de la vida. Estado de la cuestión

Antonio Muñoz Aunión  REPECAP – Academicsforabolition.net

La relación entre las normas de derechos humanos y el derecho humanitario en lo que respecta al derecho a la vida ha sido determinada, por la Corte Internacional de Justicia en la Opinión Consultiva sobre Armas Nucleares, como la relación entre la lex generalis y la lex specialis. Como dijo la Corte: ¨el derecho a no ser privado arbitrariamente de la vida se aplica también en las hostilidades. Sin embargo, la prueba de lo que constituye una privación arbitraria de la vida debe ser determinada por la lex specialis aplicable, a saber, la ley aplicable en los conflictos armados. Así pues, si una determinada pérdida de vidas, por el uso de un arma determinada en la guerra, debe considerarse una privación arbitraria de la vida contraria al artículo 6 del Pacto, sólo puede decidirse por referencia al derecho aplicable en conflicto armado y no deducirse de los términos del propio Pacto.¨

Así pues, el Tribunal no podía decir más, sobre la base de las normas de derechos humanos per se, acerca de si el uso de armas nucleares sería o no ilegal como causa de la privación arbitraria de la vida. La verdadera cuestión, sin embargo, no se refiere al uso de frases en latín, sino a si la esencia de la lex specialis consiste en restringir la protección en virtud de las normas de derechos humanos o en reglamentarla más detalladamente.

El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos Ocupados, John Dugard, profundiza en la interacción entre los dos conjuntos de normas jurídicas internacionales. [1] Con arreglo a este enfoque, el derecho humanitario complementa el artículo 6 con una reglamentación más detallada relacionada con la distinción entre objetivos civiles y militares y la limitación de los ataques a estos últimos, y la evitación de las víctimas civiles de conformidad con el artículo 51 del Protocolo Adicional I. Así pues, el derecho humanitario sirve para seguir elaborando los parámetros del derecho a la vida en circunstancias de conflictos armados, y definir aquellos que la privación de la vida es o no arbitraria.

Como hemos visto, en su sentencia de excepciones preliminares la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Asunto Las Palmeras[2] se negó a examinar la compatibilidad de las privaciones de la vida en ese caso desde la perspectiva del artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 1949. En la etapa de examen del fondo del mismo caso, la Corte Interamericana concluyó, mediante el uso de las normas de derechos humanos únicamente, que la privación de la vida de las personas pertinentes contravenía el artículo 4 de los Convenios Interamericanos. Este enfoque confirma que el derecho de los derechos humanos puede ser a veces suficiente al tratar las violaciones pertinentes, sin necesidad de asistencia del Derecho humanitario. Esa posición independiente de las normas de derechos humanos es comprensible e indispensable: las normas de derechos humanos están concebidas para responder a las situaciones a las que se aplican de manera autónoma, si es necesario.

Los aspectos especificos de la intercambiabilidad de las normas de derechos humanos y el derecho humanitario en el ejemplo del derecho a la vida quedan demostrados por las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativas a conflictos armados, en particular en la disputa entre la República de Chechenia y la Federación de Rusia. Los principios relativos a la observancia del derecho a la vida en los conflictos armados utilizados por el Tribunal en estos casos tienen los mismos antecedentes a los incorporados en la jurisprudencia del Tribunal en cuanto a los aspectos generales del uso de la fuerza letal por los agentes del Estado; por ejemplo, el caso McCann,[3] en el que el Tribunal Europeo consideró que el uso de la fuerza por los agentes de seguridad británicos en Gibraltar no era absolutamente necesario. Teniendo en cuenta la decisión de no impedir que los sospechosos viajaran a Gibraltar, el hecho de que las autoridades no tuvieran en cuenta la posibilidad de que sus evaluaciones de inteligencia pudieran, al menos en algunos aspectos, ser erróneas y el recurso automático a la fuerza letal cuando los soldados abrieron fuego, el Tribunal concluyó que se había violado el derecho a la vida previsto en el artículo 2 del Convenio Europeo.

En el asunto Kelly, [4]el Tribunal Europeo declaró que “el texto del artículo 2, leído en su conjunto, demuestra que abarca no sólo el asesinato intencional sino también las situaciones en que se permite el “uso de la fuerza” que pueden dar lugar, como resultado no intencional, a la privación de la vida. Sin embargo, el uso deliberado o intencional de la fuerza letal es sólo un factor que debe tenerse en cuenta al evaluar su necesidad. Todo uso de la fuerza no debe ser más que “absolutamente necesario” para el logro de uno o más de los fines enunciados en los apartados a) a c) del artículo 2. Además, la fuerza utilizada debe ser estrictamente proporcional al logro de los fines permitidos.

Cabe señalar también que si el Tribunal Supremo de Israel, en el caso de los asesinatos selectivos, [5]hubiera aplicado correctamente la prueba del objetivo legítimo en el derecho humanitario, habría logrado el mismo resultado que se obtuvo en McCann mediante el análisis de la necesidad del uso de la fuerza con arreglo al artículo 2 del Convenio Europeo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó en Güleç c. Turquía [6]que los Estados deben poner a disposición de sus fuerzas, armas no letales para su uso contra objetivos mixtos. El Tribunal, que trató el uso de la fuerza letal para sofocar una manifestación no del todo pacífica, aceptó este razonamiento:

¨ el uso de la fuerza puede ser justificado en el presente caso en virtud del apartado c) del párrafo 2 del artículo 2, pero huelga decir que hay que encontrar un equilibrio entre el objetivo perseguido y los medios empleados para lograrlo. Los gendarmes utilizaron un arma muy poderosa porque aparentemente no tenían porras, escudos antidisturbios, cañones de agua, balas de goma ni gases lacrimógenos. La falta de ese equipo es tanto más incomprensible e inaceptable cuanto que la provincia de Sırnak, como señaló el Gobierno, se encuentra en una región en la que se ha declarado el estado de emergencia, en la que en el momento concreto se podrían haber esperado disturbios¨.

Esto da la impresión de que las normas de protección de la vida humana son, desde la perspectiva del Convenio Europeo, generalmente las mismas tanto en tiempo de paz como de guerra y el uso por el Tribunal de los criterios basados en el Convenio de finalidad, necesidad y proporcionalidad legítimos considera en gran medida la especificidad del conflicto armado.

El caso Khashiyev y Akayeva c. Rusia[7] se refería a reclamaciones de privación ilícita de la vida en el contexto de un conflicto armado no internacional, a saber, la operación de las fuerzas armadas rusas de tomar el control de Grozny de los rebeldes chechenos. El Tribunal consideró que había establecido que la parte de Grozny donde las personas objeto del recurso fueron asesinadas había estado bajo el control de las fuerzas rusas, es decir, que no había hostilidades reales en esa zona. En cuanto al marco jurídico aplicable al caso, el Tribunal comenzó observando que las circunstancias en las que se puede privar de la vida justificadamente deben ser estrictamente construidas. El Tribunal también determinó que había establecido que las personas en cuestión habían sido asesinadas por militares.

Una situación más compleja relativa a un conflicto armado en curso se presentó en Isayeva c. Rusia,[8] en la que el Tribunal Europeo se ocupó de las reclamaciones de privación de la vida de personas civiles en el contexto de la operación especial de las fuerzas rusas para acorralar a los rebeldes con el fin de destruirlos o incapacitarlos, y el bombardeo aéreo consecuente. Cuando los rebeldes se desplazaron desde Grozny, llegaron al pueblo de Katyr-Yurt, declarado zona segura, irrumpiendo de forma inesperada en la población civil. En el curso del bombardeo posterior, varios individuos fueron muertos o mutilados. Los rebeldes presentes en la aldea escaparon o murieron en el curso de la operación que duró tres días. El demandante alegó que el uso de la fuerza que causó las muertes no era ni absolutamente necesario ni estrictamente proporcionado y que, por lo tanto, violaba el artículo 2. Se utilizaron armas indiscriminadamente letales y no se advirtió a la población civil ni se le proporcionó una salida segura. La mayoría de los rebeldes y sus líderes habían escapado del bombardeo, por lo que el Estado no obtuvo ninguna ventaja militar tangible. Resulta significativo que en el fondo de estas afirmaciones se plantean cuestiones en el marco del Derecho internacional humanitario, a saber, en virtud de varias disposiciones del Protocolo Adicional I de 1977 (que no se aplica estrictamente a conflictos internos), y también en virtud del artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 1949.

El Gobierno invocó la excepción prevista en el párrafo 2 del artículo 2, es decir, el uso de la fuerza “absolutamente necesaria en las circunstancias para proteger a una persona de la violencia ilícita… necesaria y proporcionada para suprimir la resistencia activa de los grupos armados ilegales, cuyas acciones constituían una verdadera amenaza para la vida y la salud de los militares y los civiles”. La mayoría de las bajas civiles se habían producido en la zona y en el período de mayor gravedad de la lucha entre las tropas federales y los rebeldes. El Tribunal consideró necesario “examinar si la operación fue planificada y controlada por las autoridades para reducir al mínimo, en la mayor medida posible, el recurso a la fuerza letal” y si “las autoridades no fueron negligentes en su elección de la acción.”

En principio, el Tribunal aceptó el punto de partida de justificación de la legitimidad de la acción militar de las fuerzas federales rusas.

Como dijo el Tribunal:

la situación que existía en Chechenia en el momento pertinente requería medidas excepcionales por parte del Estado para recuperar el control de la República y reprimir las actividades armadas ilegales. Dado el contexto del conflicto en Chechenia en el momento dado, esas medidas podrían incluir presumiblemente el despliegue de unidades del ejército equipadas con armas de combate, incluidas la aviación militar y la artillería. La presencia de un grupo muy numeroso de combatientes armados en Katyr-Yurt, y su resistencia activa a los órganos encargados de hacer cumplir la ley, que no es discutida por las partes, puede hacer que necesario el uso de la fuerza letal por parte de los agentes del Estado, con lo que la situación quedaría comprendida en el párrafo 2 del artículo 2.

Sin embargo, la verdadera cuestión era cómo y de qué manera se llevó a cabo esta operación militar, incluyendo el bombardeo. El Tribunal exigió que se estableciera un equilibrio justo entre el objetivo legítimo mencionado y los medios empleados para alcanzarlo. Aunque la Corte no disponía de información del Gobierno ruso sobre la planificación y ejecución de esta operación, sostuvo que la llegada de los rebeldes armados a Katyr-Yurt no podía ser inesperada en lo que respecta a los comandantes militares, y que no habían hecho nada para advertir a la población de la inminente operación militar. Esta operación no fue espontánea. Se informó en cierta medida a la población el día de la operación y presumiblemente se difundió información sobre el corredor humanitario que la población podía utilizar como salida, pero sólo después de que hubiera comenzado el bombardeo. Además, se impidió que los habitantes utilizaran sus salidas, ya que los controles de carretera pertinentes estuvieron cerrados durante algunos días. Rusia no había argumentado que la divulgación de los detalles de la operación militar a la población civil podría haber puesto en peligro el éxito y eficacia de esta operación, y por lo tanto el hecho de no informar a la población podría quedar justificado en términos de necesidad militar.

El Tribunal también se pronunció sobre la cuestión del uso de armas en el contexto del artículo 2. Los militares no habían considerado el efecto del uso del poder aéreo en los civiles en la zona en la que vivía una gran población y refugiados. El general que solicitó la asistencia de la fuerza aérea no especificó qué armas debían llevar, y por defecto llevaban grandes bombas. La Corte evaluó este proceso de una manera que también puede ser relevante en términos de la evaluación de la conducta del Estado en términos de la ley humanitaria internacional:

El uso de este tipo de armas en una zona poblada, fuera del tiempo de guerra y sin evacuación previa de los civiles, es imposible de conciliar con el grado de precaución que se espera de un órgano encargado de hacer cumplir la ley en una sociedad democrática. … Incluso cuando se enfrenta una situación en la que, como sostiene el Gobierno, la población de la aldea ha sido tomada como rehén por un gran grupo de personas bien equipadas y capacitadas, el objetivo principal de la operación debe ser proteger las vidas de la violencia ilícita. El uso masivo de armas indiscriminadas está en claro contraste con este objetivo y no puede considerarse compatible con el nivel de atención previo a una operación de este tipo que implica el uso de fuerza letal por parte de agentes estatales.

Así pues, aunque la operación era en sí misma legítima para aplastar la rebelión, el encargado que la llevó a cabo no consideró adecuadamente las necesidades de protección de las vidas humanas.

El caso de Issayeva, Yusupova y Bazayeva se refiere al bombardeo de un convoy civil por la fuerza aérea en octubre de 1999. Los demandantes se habían referido expresamente al artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 1949 como la prohibición de los ataques indiscriminados contra civiles. El Gobierno argumentó que las acciones de la fuerza aérea eran necesarias para proteger a la población del peligro de rebelión, en términos del Artículo 2(2).

Al igual que en el caso anterior, el Tribunal aceptó que la situación existente en Chechenia en el momento pertinente justificaba medidas excepcionales para recuperar el control de la República y suprimir la insurgencia armada ilegal, incluido el uso de aviones militares equipados con armas pesadas de combate. La Corte también estaba dispuesta a aceptar que si los aviones eran atacados por grupos armados ilegales, eso podría justificar el uso de fuerza letal, por lo que entraría en el ámbito del artículo 2 2). El Gobierno ruso no presentó pruebas que permitieran a la Corte hacer tal elucubración.

Cabe señalar que en este caso, además de lo que dijo en Isayeva, la Corte calificó la legalidad del uso de la fuerza aérea en los casos en que los aviones son atacados por los rebeldes. Así, el Tribunal parece sugerir que el uso de aviones contra los rebeldes como tal no satisface los requisitos del artículo 2. No parece que el derecho humanitario acepte tal qualification, y el razonamiento de la Corte es dudoso. Lo que el Tribunal dice aquí es que el ejército no puede atacar a los rebeldes first o, si puede, no puede utilizar determinadas armas, y deja abierta la cuestión de qué debe hacerse si el contexto de la operación militar pertinente requiere el uso de esas armas.

En cuanto a las circunstancias reales del ataque, el Tribunal asumió “que los militares consideraron razonablemente que había un ataque o un riesgo de ataque por parte de aseguradores ilegales y que el ataque aéreo era una respuesta legítima a ese ataque “. Las Fuerzas Armadas utilizaron un arma extremadamente poderosa para cualquier objetivo que tratara de alcanzar. Por lo tanto, la operación no se ejecutó con el cuidado necesario para los civiles y fue ilegal en virtud del artículo 2 por su falta de proporcionalidad. Esta referencia a la proporcionalidad y la referencia implícita a la necesidad de tomar precauciones en el ataque se asemejan a la normativa del Protocolo Adicional I de 1977. Aunque este instrumento no se aplicaba a este conflicto interno, la respuesta del Tribunal Europeo se acerca a la aplicación de sus principios por analogía.

En general, las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la cuestión del derecho a la vida durante un conflicto armado demuestran que, aunque el artículo 2 del Convenio, redactado como una cláusula general, no profundiza en la conducta que deben tener las Fuerzas Armadas en tales contingencias, en términos de precaución, proporcionalidad y necesidad, pueden no obstante aplicarse como si tuviesen un efecto en el conflicto armado comparable al de la aplicación consistente de las disposiciones detalladas del Protocolo Adicional de 1977.

El enfoque del Tribunal Europeo le permite asegurar el resultado jurídico requerido tanto en virtud de las normas de derechos humanos como del derecho humanitario, aunque no aplica directamente las disposiciones de este último cuerpo de leyes, como normas que quedan fuera de su competencia. La aplicación del artículo 2 por referencia a las normas establecidas de la Convención, como la legitimidad del objetivo, la necesidad y la proporcionalidad, es indudablemente útil y ayuda al Tribunal a llegar a decisiones acertadas. Pero en términos más amplios de política jurídica, la legitimidad del fallo de la Corte en los casos en que se trate de conflictos armados estará siempre condicionada a la conformidad de esos razonamientos con las normas del Derecho internacional humanitario -otro cuerpo de derecho internacional que también rige la misma materia por referencia a las consideraciones humanitarias y a la necesidad. Por lo tanto, el enfoque de la Corte debe basarse, como en su mayor parte, en la aplicación implícita de las normas del derecho humanitario, aunque encubierta en las categorías de legitimidad, necesidad y proporcionalidad de la Convención Europea.


[1] https://digitallibrary.un.org/record/618358.

[2]https://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/html/informes/osi/coidh/Corte%20IDH%20Preliminares%20Las%20Palmeras.html.

[3] https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-52002009000100011.

[4] Martínez Guillem, R. (2002). “Comentario sobre la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 4 de mayo de 2001. (Kelly y otros contra el Reino Unido)”. Anuario de derecho internacional. XVIII, 255-278.

[5] https://www.elconfidencial.com/mundo/2006-12-14/el-supremo-israeli-decide-no-prohibir-los-asesinatos-selectivos-de-militantes-palestinos_608088/.

[6] https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/5tdmgy.htm.

[7] Cervell Hortal, M.J.; ¨ Chechenia Vs. Rusia: El Triunfo de los derechos humanos ( a propósito de tres sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 24 de febrero de 2005) https://core.ac.uk/download/pdf/324053361.pdf.  Abrisketa Uriarte, J.; ¨ Los Problemas del Tribunal Europeo de derechos humanos para aplicar el Derecho Internacional humanitario ¨ Revista de Derecho Comunitario Europeo núm. 43 sept/dic 2012 pp. 875-899.

[8] https://casebook.icrc.org/case-study/echr-isayeva-v-russia.

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