Decimo Informe al Secretario General sobre la situación de la pena de muerte en el mundo

Este informe confirma la tendencia ya demostrada en anteriores documentos, hacia la abolición y restricción del uso de la pena capital en la mayoría de países y que el número de estos que ha abolido esta forma de pena de iure o de facto no deja de aumentar. El informe, de forma similar a los anteriores, consta de una introducción, unos antecedentes y ámbito de aplicación, y tres grandes subapartados: – el cambio de estatus de la pena capital en el período 2014-2018; – los desarrollos en el Derecho Internacional; – la implementación de las salvaguardias, concluyendo con unas conclusiones y recomendaciones.

El núcleo duro del informe lo constituye el segundo bloque con sus tres grandes subapartados, como en anteriores informes, los Estados se clasifican como, a) abolicionistas para todo tipo de delitos tanto en tiempos de paz como de guerra; b) abolicionistas para delitos comunes; c) abolicionistas de facto, aquellos países donde no se documentan ejecuciones en la década precedente; y d) Retencionistas. La invitación cursada a todos los miembros de Naciones Unidas a responder un ¨cuestionario de análisis ¨[2] fue completada por 60 Estados, seis más que en la ocasión anterior en 2015,[3] lo que demuestra una vez más, el convencimiento gradual por la Comunidad internacional de afrontar una pena tan dramática como esta, con la mayor transparencia y el apoyo de los instrumentos ofrecidos por el Derecho internacional tanto clásicos como los propios del siglo XXI, es decir agencias especializadas, organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, [4]órganos de monitorización de tratados de derechos humanos, y los procedimientos de revisión del Consejo de Derechos humanos.

 

  • Cambios principales en los países en el período 2014-2018

 

  1. Países que han abolido la pena de muerte para todos los crímenes a principios de 2014

A inicios de 2014, ciento y un Estado habían abolido la pena de muerte para todos tipo de crimen en comparación con noventa y cinco en 2004, y setenta en 1999, cumpliéndose además el mandato de no reintroducir la pena capital en los sistemas penales. A finales del quinquenio analizado, en 2018, ciento nueve países eran abolicionistas para todo delito, entre los que se encuentran Fiji, Benín, Congo, Guinea, Madagascar, Mongolia, Nauru y Surinam, bien ampliando la categoría de crímenes o pasando de la abolición de facto a la abolición de iure.

  1. Países que abolieron la pena capital para delitos comunes desde 2014.

Siete Estados abolieron la pena capital para delitos comunes si bien la mantienen para delitos contra el Estado o crímenes de guerra según sus Códigos penales militares, a saber; Brasil, Chile, El Salvador, Perú, Fiji,[5] Kazajstán, e Israel.

 

  1. Estados abolicionistas de facto[6] a inicios de 2014.

Aproximadamente a fecha de 2014, cincuenta y un Estado, podían considerarse como abolicionistas de facto, y en el plazo de cinco años que cubre este estudio, pasaron a convertirse en abolicionistas de facto, los siguientes; Guinea Ecuatorial, Etiopia, Líbano, Saint Kittis y Nevis, Uganda, Zimbabue, y el Estado de Palestina, bien por el transcurso del plazo de 10 años sin ejecuciones o por declararse una moratoria oficial, [7]y 25 de estos países no habían llevado a cabo ejecución alguna por 25 años o más.   Ciertamente, también alguno de los países considerados como abolicionistas de facto ha seguido legislando aspectos legales de la pena capital lo que sugiere que no existen movimientos hacia la abolición plena. [8] En cualquier caso, y como en cuestionarios anteriores, ningún Estado dentro de esta categoría reanudo ejecuciones en el período analizado.

 

  1. Estados retencionistas que llevaron a cabo ejecuciones

A principios del periodo analizado, enero de 2014, treinta y ocho Estados habían llevado ejecuciones en la década anterior y afirmaban que seguirían haciéndolo. Sin embargo, durante el periodo 2014-2018, la cifra bajo a treinta, similar al descenso registrado en el anterior cuestionario de cuarenta y siete a treinta y ocho. En las dos últimas décadas y media, ha pasado de noventa y cuatro en 1994 a treinta y ocho en 2018. De todos, sólo tres no han realizado ejecuciones en el período analizado, e incluso alguno de ellos ha considerado avanzar hacia la moratoria o la abolición de iure. Por su parte, dentro de las distintas jurisdicciones de los Estados Unidos de América, algunas han declarado la inconstitucionalidad de la pena, a saber, Delaware y Washington, otros como California y Pennsylvania adoptaron una moratoria, y de los otros 29 sistemas penales que admiten esta forma de pena, al menos 12 de ellos han pasado a ser abolicionistas de iure, [9] y Alabama y Florida han reducido la discrecionalidad de la pena. En otras latitudes, varios países han reducido el número de crímenes que conllevan la pena capital, a saber, China, Irán, Yemen, y Afganistán, y al contrario, otros han expandido la aplicabilidad de la pena capital, como son los casos de Paquistán, Nigeria, Bangladesh, India, Egipto, Singapur, o los Emiratos Árabes Unidos.

Finalmente, algunos países han retomado la pena capital tras haber pasado años sin realizar ejecuciones lo que es una práctica habitual en algunas jurisdicciones para insistir en su falta de voluntad para transformarse en abolicionistas de facto, como son los casos de Bahréin, Pakistán, Tailandia, Botsuana o Nigeria.

 

  1. La Administración de la pena capital

 

Desde 1989, el ECOSOC en su resolución 89/64 se pide a los Estados la publicación de los delitos para los que la pena capital queda autorizada, y de forma anual, información sobre su utilización, con el número de personas ejecutadas, el número de ejecuciones, el número de condenados, el número de casos en los que ha existido conmutación o recursos que han revertido la pena capital, e información sobre cómo quedan implementadas las salvaguardias internacionales en el Derecho nacional. Además, la falta de transparencia en el uso de la pena de muerte por el Estado afecta directamente los derechos humanos de los condenados a muerte y de sus familiares.

En el período 2014-2018, treinta y dos Estados miembros y Palestina llevaron a cabo ejecuciones, de los cuales, catorce realizaron más de veinte ejecuciones cada uno. A pesar de lo explicitado en la resolución arriba indicada, la información la facilitan, en ocasiones es proporcionada por fuentes no oficiales, como Amnistía Internacional o la organización Hands Off Cain,[10]y de países como  China,[11] Vietnam o la República de Corea del Norte se carece de datos.[12]

El número total de ejecuciones asciende a 4736 lo que da un promedio de 947 anual, que contrasta con los 3743 del quinquenio precedente. El número de ejecuciones se incrementó en la mitad de Estados retencionistas, y alrededor de veinte de estos llevan a cabo ejecuciones con una frecuencia anual lo que se viene repitiendo desde los últimos quince años. Sin embargo, en el año 2018, sólo dieciséis Estados realizaron ejecuciones, el número más bajo jamás registrado. Las estadísticas en sí mismas no aclaran mucho, por lo que pasamos a desglosarlo en una forma más ilustrativa.

De los veintinueve Estados listados en el informe de 1994-1998 que habían ejecutado a más de 20 personas, diez siguen en la categoría en este último informe. La mayoría de los diecisiete Estados que venían apareciendo periódicamente en la lista pero con un número de ejecuciones menor de veinte ya en el informe de 2014-2018 en la práctica han abolido la pena capital de iure o de facto, o han abandonado su uso. En los primeros datos (1994-1998), por ejemplo, la República Democrática del Congo con 100 ejecuciones; Kazajstán con 148; Kirguistán con 70, o la República de Corea con 57 por citar sólo algunos, son al día de hoy abolicionistas En otros cinco Estados, se ha reducido su aplicación, por ejemplo, Bielorrusia que paso de 168 ejecuciones en el  informe inicial, a las nueve del último informe; Jordania, de 55 a 17, Nigeria de 248 a 3, Singapur de 242 a 31,  o los Estados Unidos de América, desde las 274 a 131.

 

2- Los desarrollos en el Derecho internacional

  1. Asamblea General ONU

En el órgano deliberativo principal de Naciones Unidas destacan las siguientes medidas, por ejemplo, la Resolución 62/149 adoptada en 2007 que pedía la moratoria de la pena capital, y que se repite con frecuencia en las sesiones regulares de la Asamblea ampliando el número de endosantes; la Resolución 69/186 de diciembre de 2014 en la que se pedía a los Estados que hicieran disponible toda la información en su poder para abrir un debate nacional e internacional informado y transparente; en la Resolución 71/187 de diciembre de 2016, se urge a los Estados a respetar los derechos de los extranjeros a recibir información y asistencia consular cuando se abran diligencias en procesos penales capitales. Por último, los países retencionistas han enfrentado estas resoluciones mediante declaraciones en las que muestran su rechazo y disociación, alegando la admisibilidad de la pena capital en el Derecho Internacional, argumentando que la cuestión más que ser de derechos humanos, corresponde a los sistemas nacionales penales bajo la autoridad soberana de los Estados. La declaración emitida en diciembre de 2015 fue firmada por veintisiete, la correspondiente a 2017 fue respaldada por treinta y dos. A modo de comparación, vemos un descenso generalizado en fechas anteriores, por ejemplo, la emitida en 2009, fue apoyada por 53 Estados, igual número que en 2011, y de 47 en la publicada en 2013.

  1. Consejo de Derechos Humanos

La Secretaria General de Naciones Unidas ha presentado informes anuales al Consejo desde el año 2007, en la decisión 18/117 de 2011, el Consejo solicitó al Secretario que se añadiese una adenda al informe quinquenal, y así en 2014, se incluyó un estudio sobre los derechos humanos de los menores cuyos progenitores se encontraban en el corredor de la muerte o habían sido ejecutados; en 2015, se incluyó un análisis sobre las consecuencias de la pena de muerte en los derechos humanos, a saber, dignidad humana, el derecho a la vida, el derecho a no sufrir tortura o penas inhumanas, el derecho a la igualdad y no discriminación, o la falta de transparencia en la imposición y ejecución de la pena capital. Un año después, se analizó el nivel de implantación de las salvaguardias que garantizan los derechos de los condenados, con especial atención en los menores y personas con discapacidades intelectuales o psicosociales.

En la Resolución del Consejo 30/5 se solicitó un informe sobre las consecuencias en las distintas etapas de imposición y aplicación de la pena capital en los derechos humanos de los condenados y sus familiares con especial atención en el derecho a la igualdad y no discriminación, de la información proporcionada por distintos actores, se coligió la desproporcionalidad de su uso en grupos económicamente vulnerables, extranjeros, personas ejerciendo su derecho a la libertad religiosa o de expresión, así como su uso preferente sobre ciertos grupos raciales o minorías étnicas, género u orientación sexual, e individuos con discapacidades intelectuales.

 

 

 

  1. Oficina de Naciones Unidas del Alto Comisionado de Derechos Humanos

La Oficina continúa defendiendo la abolición de la pena capital como parte de su mandato de promover y proteger el disfrute y la plena realización de los derechos humanos para toda la humanidad. Desde 2014, la Oficina ha incluido como misión principal aumentar el número de Estados abolicionistas y respecto de los Estados retencionistas, la vigilancia del cumplimiento de las normas y estándares internacionales, la promoción de asociaciones con actores de la sociedad civil, y la asistencia para alcanzar la abolición o en su caso la moratoria, y la observancia de las normas de Derecho Internacional.

 

  1. Organizaciones regionales

a). Unión Europea

Todos los Estados miembros de la Unión son abolicionistas, y la abolición universal de la pena capital representa un objetivo principal de la acción exterior de la Unión Europea. Según fuentes de la Comisión Europea, entre 2008 y 2016, el Instrumento Europeo para la Democracia y los derechos humanos financió con más de 22 millones de euros, proyectos para alcanzar la abolición de la pena de muerte, lo que lo convierte en el donador más importante para este tipo de acciones, como resultado desde 1998, el trabajo del Consejo de la Unión ha observado directrices sobre la pena de muerte que son actualizadas de forma periódica, cuyo contenido esencial es abogar por una moratoria de la pena capital donde sea posible, y en caso contrario, promover restricciones a su uso y el respeto de los estándares mínimos. Asimismo, la legislación europea se ha preocupado de prohibir el comercio de productos que pueden servir para la ejecución de la pena capital, por ejemplo, los barbitúricos que se usan en la inyección letal. Desde el año 2017, a instancias de Argentina, la Unión Europea y Mongolia viene funcionando, la Alianza para un comercio libre de tortura. [13] Por último, el Parlamento Europeo en sus resoluciones expresa su oposición a la pena capital[14], la más reciente de ellas del año 2018. [15]

b). Consejo de Europa

Las iniciativas contra la pena de muerte se han originado en distintos órganos del Consejo de Europa, como la Asamblea Parlamentaria, el Comité de Ministros, y el propio Tribunal Europeo de Derechos humanos. La pena capital ha sido abolida en 47 Estados miembros del Consejo aun así se pueden presentar situaciones como la extradición desde Europa a Estados retencionistas, así como con leyes y prácticas de Estados no europeos asociados al Consejo de Europa. Por ejemplo, en 2018, el Comité de Ministros expresó su preocupación por las ejecuciones producidas en Japón y Estados Unidos, dos Estados con rango de observador en el Consejo de Europa. Las mismas decisiones del TEDH han confirmado que la extradición, expulsión o deportación a un Estado en el que existe un riesgo real de pena capital representa una violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de sus protocolos n. 6 y n. 13. Por último, la Asamblea Parlamentaria ha adoptado recomendaciones para limitar el comercio de bienes que puedan ser utilizados para aplicar la pena capital.

c). Unión Africana

En la Declaración de Cotonou adoptada en 2014, la Conferencia continental para la abolición de la pena capital en África pidió a los Estados africanos que aún mantenían la pena capital que considerasen su abolición, en la misma se señalaba que la evolución que se había producido en varios Estados de la Unión Africana era una manifestación de la tendencia general a la abolición y pedía a los miembros de la Unión que adoptasen el Protocolo Adicional a la Carta Africana de Derechos Humanos sobre la abolición de la pena de muerte en África. [16] Asimismo durante este lustro, la Comisión ha manifestado su oposición a la pena capital en varias declaraciones, considerándola una violación del artículo 4 de la Carta Africana que prohíbe la privación arbitraria del derecho a la vida. En 2015, adoptó su Comentario general n. 3 sobre el derecho a la vida donde apuntaba que la Carta no incluía ninguna disposición reconociendo la pena capital, ni siquiera en circunstancias extraordinarias.

  1. Obligaciones derivadas de los Tratados internacionales

A principios de 2014, setentaiocho Estados eran parte del Segundo Protocolo Opcional al Pacto Internacional de Derechos políticos y civiles dirigido a abolir la pena capital, adoptado en 1989 y en vigor desde 1991. En el período comprendido en el informe ocho Estados ratificaron o se adhirieron al mismo; República Dominicana, El Salvador, Gabón, Gambia, Madagascar, Polonia, Santo Tomé y Príncipe, Angola y Palestina. De transcendencia de este instrumento es prueba que durante la realización del examen periódico universal (EPU) por parte del Consejo de Derechos Humanos, numerosos Estados han aceptado las recomendaciones para ratificar el Protocolo, en una lista no exhaustiva, mencionamos a Burundi, Camboya o las Islas Marshall. En las respuestas al cuestionario para realizar el informe, otros Estados también manifestaron su intención de convertirse en parte en el Protocolo. Por otro lado, en su observación general n. 36 (2018) sobre el derecho a la vida, el Comité de Derechos Humanos afirmó que los Estados partes en el PIDCP que habían abolido la pena de muerte se encontraban impelidos a no reintroducirla, ni el Pacto ni el Protocolo contienen disposiciones de denuncia, por lo tanto, la abolición de la pena de muerte desde un punto de vista jurídico es irrevocable.

El número de partes firmantes del Protocolo no es un factor clave de su vigencia, y se explica porque el Protocolo sólo puede ser firmado por Estados que previamente son partes en el PIDCP, encontramos países como Bután, Kiribati, Nauru, o Palao que han abolido la pena de muerte y no son parte el Pacto, algunos de ellos argumentan que no tienen los medios suficientes para acceder al mismo. Sería conveniente que la Comunidad internacional apoyara económicamente a países como los citados para ratificar el Pacto y el Protocolo. Los Estados que no han abolido la pena de muerte de iure, pueden acceder al Protocolo siempre que establezcan una moratoria y que adopten medidas para eliminar la pena capital, estos son los casos de Gambia y Liberia.

Finalmente, por cuanto a los sistemas regionales de protección de los derechos humanos, en el ámbito europeo, a inicios del período de análisis en 2014, el Protocolo n. 6 del Convenio Europeo para la Protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de abolición de la pena de muerte adoptado en 1983 que prohíbe la pena de muerte en tiempos de paz había sido ratificado por todos los miembros del Consejo de Europa, con la excepción de la Federación Rusa, situación que se mantuvo hasta el final del período analizado. El Protocolo n. 13 relativo a la prohibición de la pena capital en toda circunstancia que se adoptó en 2002 había sido ratificado, a inicios del período estudiado, por cuarenta y tres Estados; Polonia lo ratifico en 2014, Armenia ha firmado el Protocolo pero sin ratificarlo, y Azerbaiyán y Rusia ni lo han firmado ni ratificado.

En el hemisferio americano, trece Estados son partes en el Protocolo sobre la abolición de la pena de muerte, anexo al Pacto de San José. Durante el quinquenio analizado, no se produjeron nuevas firmas, ratificaciones o adhesiones al mismo. Siete Estados partes en el Pacto de San José han abolido la pena capital pero no han ratificado ni se han adherido a los protocolos abolicionistas, a saber, el Estado Plurinacional de Bolivia, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Haití y Perú.

En total, ciento y siete Estados se encuentran vinculados de alguna forma a un tratado internacional que prohíbe la pena capital.

  1. Una mención especial al Congreso Mundial

El Sexto Congreso mundial contra la pena de muerte que tuvo lugar en Oslo en el verano de 2016 con una periodicidad de tres años desde 2001 es un encuentro relevante para proseguir el camino por la abolición. Se organiza por la organización Unidos contra la pena de muerte y es financiado por varios gobiernos.

 

  1. Implementación de las salvaguardias garantes de los derechos de los condenados a muerte

Las salvaguardias representan una enumeración de estándares mínimos que deben ser aplicados por los Estados retencionistas, reflejan y desarrollan las reglas que regulan la aplicación de la pena capital del artículo 6 del PIDCP que fueron adoptadas por el ECOSOC en 1984 por Resolución 1984/50 y revisadas en 1989. Tanto el ECOSOC, el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General han pedido en numerosas ocasiones un cumplimiento efectivo de sus postulados.

 

  1. Primera salvaguardia. ¨ crímenes más graves ¨

En los países que no han abolido la pena capital, esta solo debe imponerse para los crímenes más graves, entendiendo que su alcance no debe ir más allá de los delitos dolosos con consecuencias letales o extremadamente graves. El Comité de Derechos Humanos declaró en su Observación General n. 36 que el término ¨más grave ¨ debía entenderse en forma restrictiva solo para acciones extremadamente graves como la privación intencional de la vida.

 

  1. Sentencias de muerte obligatorias

El Comité de Derechos Humanos ha declarado que las sentencias de muerte obligatorias que no dejan margen de maniobra a los tribunales nacionales por cuanto al contenido del castigo, es equiparable a una forma de pena arbitraria. En una decisión adoptada en 2014, el Comité sostuvo que las leyes que imponían la pena capital sin atender a las circunstancias personales del acusado o a las circunstancias en las que se cometió el delito representaban una violación del derecho a la vida. En el curso del quinquenio analizado, países como Bangladesh y Kenia han declarado inconstitucional este tipo de mandatos a los jueces. En otros, como Barbados, Antigua y Malawi se han revisado las sentencias para conmutarlas por penas de reclusión.

 

  1. Delitos para los que la pena capital no debe ser de aplicación.

Según el Comité de Derechos Humanos, delitos que no directamente no resulten en una muerte intencional, como el homicidio frustrado, la corrupción y otros delitos económicos y políticos, el robo a mano armada, la piratería, el secuestro, delitos contra la salud pública o contra la libertad sexual si bien de naturaleza grave, no pueden servir como precursor para imponer la pena capital. Asimismo, el Comité exige un nivel mínimo de participación en la comisión de los crímenes más graves, y la facilitación de medios para la comisión de un asesinato no puede justificar la imposición de la pena capital. En el mismo sentido se expresan las Directrices de la Unión Europea sobre la pena capital que afirma que esta pena no puede imponerse para delitos no violentos como los delitos económicos, prácticas religiosas o manifestación de la consciencia. A pesar de estas indicaciones, la pena capital sigue vigente en los códigos penales en numerosos países por delitos económicos, espionaje, financiación del terrorismo, tráfico de seres humanos, adulteración de alimentos, o incluso por entorpecer la celebración de funerales. En sus respuestas al cuestionario, varios países confirman la existencia de esta pena para este tipo de delitos pero no dan información sobre si la misma se aplica, es el caso de Pakistán, Vietnam, o Tailandia. Sin embargo, donde existe mayor preocupación por los órganos internacionales es en la amplia persecución de la lucha antiterrorista a través de recientes reformas legislativas. Por ejemplo, Bahréin, Bangladesh, la República de Siria, o Nigeria prevén la pena capital para actividades terroristas ´vagamente ´tipificadas. En varios países se han llevado a cabo ejecuciones por terrorismo,[17] y en otros muchos, se han dictado numerosas condenas a muerte por esta actividad. [18]

La gravedad de la situación ha llevado a la intervención del Relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones arbitrarias, sumarías y extrajudiciales, por cuanto al caso de Irán donde las leyes antiterroristas tipifican en forma muy laxa comportamientos delictivos  perseguibles con pena capital.   [19]

Durante el lustro examinado, la pena capital relacionada con el tráfico de drogas se impuso en varios países, a saber, China, Indonesia, Irán, Kuwait, Laos, Malasia, Arabia Saudita, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos y Vietnam. Hasta 2017, el 30 % de las ejecuciones estaban relacionadas con el comercio ilegal de estupefacientes. La Mesa Internacional de Control de drogas emitió en 2014 una nota verbal destinada a todos los Estados miembros en la que se solicitaba la abolición para este tipo de delitos. [20]

 

 

  1. Segunda salvaguardia ¨ no retroactividad ¨

El contenido de la segunda salvaguardia es el siguiente, la pena capital será impuesta para aquellos crímenes para los cuales la pena capital está prevista en la legislación al tiempo de su comisión, en el supuesto de que exista una pena inferior, el acusado se podrá beneficiar de esta. Esta salvaguardia se ha reiterado en la Observación general n. 36 del Comité de Derechos Humanos añadiendo que la petición de la pena capital no puede ampararse en definiciones penales vagas o amplias, o en motivos arbitrarios o subjetivos que no podrían preverse en forma razonable. No existe documentación que permita conocer sí los países permiten la ejecución de la pena capital de forma retroactiva en el caso de que no existiera ley anterior a la comisión del crimen. Existen países que confirman que principios como la lex mitior es de aplicación en determinados supuestos, por ejemplo, Egipto, Irak, Japón o Kuwait, y en Estados Unidos su sistema legal permite la aplicación de la benevolencia del Tribunal.

 

 

  1. Tercera salvaguardia: Menores, mujeres embarazadas y otras categorías

 

La tercera salvaguardia lee: No serán condenados a muerte los menores de 18 años en el momento de cometer el delito, ni se ejecutará la sentencia de muerte en el caso de mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente, ni cuando se trate de personas que hayan perdido la razón. Esta salvaguardia fue ampliada en 1989 por el ECOSOC en su resolución 1989/64 con la recomendación de que los Estados miembros establecieran un máximo de edad a la cual las personas no fueran condenadas ni ejecutadas y que se eliminase la pena capital para aquellas personas que sufrieran de retraso mental o competencias mentales extremadamente limitadas.

 

  1. Menores de 18 años

Esta prohibición puede considerarse como una norma de derecho internacional consuetudinario, el órgano especializado en los derechos del menor, el Comité sobre los derechos del menor, en su reciente Observación general n. 24 de 2019, bajo el nombre, los derechos del menor en el sistema de justicia de menores pidió a los pocos Estados partes que aún contemplan este castigo para los crímenes capitales cometidos por menores,  que la abolieran sin dilación y sin excepciones. [21] Frente a la parquedad de respuesta por parte de los Estados al cuestionario, Amnistía Internacional tiene registradas al menos 37 ejecuciones de menores durante el período de análisis de este informe, en Irán, Pakistán,[22] y Sudán del Sur, e indicios en Arabia Saudita,[23] Yemen y por Hamas en la franja de Gaza.

 

  1. Ejecución de personas de la tercera edad.

En su resolución 1989/64 el ECOSOC recomendó a los Estados partes que establecieran un límite de edad más allá del cual no se pudiera condenar ni ejecutar la pena capital. La primera prohibición de este tipo apareció en el Pacto de San José, cuyo artículo 4, párrafo 5 lee: ¨ No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez. ¨ De la redacción se puede inferir que se permite la ejecución de aquellas personas que no tuvieran setenta años en el momento de comisión del delito. En su Observación general n. 36, el Comité de Derechos Humanos declaro que los Estados partes en el PIDCP deberían abstenerse de abrir procesos capitales a personas de avanzada edad cuando esto pudiera ocasionar graves aflicciones para ellos o sus familias, si bien los Estados han hecho, por regla general, caso omiso a esta petición.

En sus respuestas al cuestionario, se observa que el límite de edad oscila entre 65 – 70 años, países como China, indicó que la pena capital no se impone a personas mayores de 75 años en el momento del juicio; por otro lado, en Rusia, la pena capital no es de aplicación para los adultos mayores de 65 años, (las mujeres quedan exceptuadas por ley de la pena capital); finalmente, Bielorrusia (65), Kazajstán (63), Mongolia (60), Sudán del Sur (70), Sudán (70), Vietnam (75) o Zimbabue (70).

 

  1. Mujeres Embarazadas y Madres de niños pequeños

La prohibición de la ejecución de mujeres encintas que aparece en la tercera salvaguardia que deriva del artículo 6, párrafo 5 del PIDCIP, en la que se agrega a las madres recientes. En su resolución 2005/59, la Comisión de Derechos Humanos pidió a los Estados que aún mantienen la pena capital que excluyeran a las madres con hijos dependientes. Esta cuestión debe situarse en el contexto más amplio de la imposición de la pena de muerte en mujeres, que en algunos países se encuentra prohibida. [24]

Todos los Estados que respondieron el cuestionario indicaron que no permitían la ejecución de mujeres embarazadas. Respecto de mujeres con hijos a cargo, Egipto y Kuwait declararon que la pena capital estaba prohibida para esta categoría. Por otro lado, China, Suazilandia, Japón, Myanmar, o Estados Unidos informaron que no tenían leyes sobre el particular.

 

  1. Personas con discapacidad psicosocial o intelectual

 

La última categoría de personas protegidas de la pena capital en la tercera salvaguardia es la de ¨ personas que hayan perdido la razón¨ En su resolución 1989/64, el ECOSOC precisó más y se pidió a los Estados partes que eliminasen la pena capital para personas que sufran de retraso mental o una competencia mental extremadamente limitada, ya sea durante el proceso penal o en la fase de ejecución. Si bien esta prohibición se encuentra firmemente arraigada en las costumbres y prácticas de la mayoría de los sistemas legales, no aparece recogida en tratados internacionales, y debe ser subsumida en el marco general de la prohibición de la privación arbitraria de la vida. En su Observación general n. 36, el Comité de derechos humanos declaró que la pena de muerte no debía imponerse a personas que tuvieran problemas para defenderse en igualdad de condiciones con otras personas, especialmente, aquellas con graves deficiencias sicosociales o intelectuales que les impida plantear una defensa efectiva. La aplicabilidad de estas salvaguardias a menudo va a depender de la eficacia de la valoración sicológica. Además, la presentación de las pruebas se ve a menudo impedida por la falta de recursos disponibles para obtener peritajes forenses psiquiátricos y evaluaciones sicológicas que ocurre en los países retencionistas sin distingos. [25]

 

 

  1. Cuarta salvaguardia. Prueba clara y convincente de culpabilidad.

La cuarta salvaguardia lee: ¨ Sólo se podrá imponer la pena capital cuando la culpabilidad del acusado se base en pruebas claras y convincentes, sin que quepa la posibilidad de una explicación diferente de los hechos ¨ lo cual es corolario de la presunción de inocencia que se encuentra sólidamente anclado en los tratados internacionales de derechos humanos. Los problemas respecto de esta salvaguardia se encuentran en los supuestos en los que se revierte la carga de la prueba. Por ejemplo, la Ley de Protección de Crímenes sexuales a menores de 2012  [26] requiere al órgano juzgador que presuma la culpabilidad del acusado a menos que se demuestre lo contrario.

 

  1. Quinta salvaguardia. Garantías de un juicio justo.

La quinta salvaguardia lee como sigue: ¨ Sólo podrá ejecutarse la pena capital de conformidad con una sentencia definitiva dictada por un tribunal competente, tras un proceso jurídico que ofrezca todas las garantías posibles para asegurar un juicio justo, equiparables como mínimo a las que figuran en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incluido el derecho de todo sospechoso o acusado de un delito sancionable con la pena capital a la asistencia letrada adecuada en todas las etapas del proceso. ¨ Según el Comité de Derechos Humanos, la violación de las garantías de un juicio justo previstas en el artículo 15 del PIDCIP revierte la sentencia en arbitraria y por tanto representaría una violación del derecho a la vida declarada en el artículo 6 del Pacto. En su resolución 1996/15, el ECOSOC ha recordado la necesidad de adoptar todas las garantías para garantizar un juicio justo, por ejemplo, los Principios Básicos sobre la independencia del Poder judicial, los Principios Básicos sobre el Papel de los Abogados, las Directrices sobre el papel de los Fiscales, el Conjunto de principios para la protección frente a toda forma de detención o reclusión, y las reglas mínimas para el tratamiento de prisioneros.  Finalizando, con el recordatorio de comunicar en una lengua de su conocimiento a los acusados de los cargos y de las pruebas que se realizan en la sede judicial con relevancia para el caso.

 

  1. Presunción de inocencia.

La presunción de inocencia se menciona en el artículo 14, párrafo 2 del PIDCIP, en el Asunto Grishkovtsov c. Bielorusia, el Comité de Derechos Humanos sostuvo que la presunción de inocencia se había infringido por cuanto el acusado, que fue sentenciado y ejecutado, había sido encerrado en una jaula de metal durante la fase oral. El Comité consideró que los acusados no debían ser encadenados o encerrados en jaulas o presentados de tal forma que sugiera que son peligrosos criminales, puesto que esto es equiparable a una violación de la presunción de inocencia. [27]

 

  1. Igualdad

El artículo 14, párrafo 1 del PIDCIP declara: ¨ Derecho a la igualdad ante la ley … ¨ A pesar de ello, la discriminación sobre la base de raza, religión, género, y orientación sexual, o por otros motivos acompaña en no rara ocasión la figura de la pena capital. En las visitas al corredor de la muerte existe una sobrerrepresentación de personas de bajo nivel económico, miembros de grupos étnicos minoritarios, personas con discapacidades psicosociales o intelectuales, extranjeros, indígenas, y otros miembros marginales de la sociedad. En 2015, el Foro de Asuntos sobre Minorías [28] recomendó que la pena de muerte no fuera aplicada como resultado directo de un sistema judicial arbitrario y discriminatorio incluida la falta de un acceso irrestricto a asistencia legal adecuada. Un año después, el Relator Especial sobre ejecuciones sumarias o arbitrarias señaló que sesenta y cinco países mantenían la pena capital para delitos relacionados con el terrorismo, de los cuales quince habían llevado a cabo ejecuciones en la última década, y al menos siete las habían ejecutado en el 2015. Muchas de estas legislaciones antiterroristas discriminaban a grupos religiosos y habían terminado en ejecuciones. Por su parte, el Comité de Derechos Humanos ha manifestado su preocupación sobre la desproporcionada aplicación de la pena capital entre acusados de origen afroamericano en Estados Unidos,[29] a lo que se unió el Comité sobre la Eliminación de la discriminación racial. En relación con este país, también la Comisión Interamericana de derechos humanos ha observado que en los propios estudios encargados por el gobierno de Estados Unidos se demuestra que la raza de los acusados y de las víctimas de los crímenes tiene una influencia innegable a la hora de la imputación y los patrones de condena.

Otro aspecto a tener en cuenta es el de la aplicación de la pena capital a nacionales extranjeros, incluidos los trabajadores migrantes, que resulta desproporcionada, lo que plantea interrogantes sobre igualdad y discriminación. Por ejemplo, en Indonesia, doce de las catorce ejecuciones llevadas a cabo en 2015 fueron de extranjeros. En la respuesta al cuestionario, Kuwait informó que de las siete ejecuciones ocurridas durante el lustro, sólo dos habían sido de nacionales.

Finalmente, la discriminación por género y orientación sexual es otra de las características de la pena capital en determinados países. En sus observaciones finales al informe de Brunei Darussalam, el Comité sobre la eliminación de la discriminación de la mujer expresó su preocupación por la pena de lapidación respecto del adulterio, que si bien aplicable tanto a hombres como mujeres, estas se encontraban afectadas en mucho mayor grado en todo lo relacionado a ¨crímenes¨ de naturaleza sexual, adulterio o relaciones extramatrimoniales, por cuanto a técnicas investigadoras discriminatorias y diferente valoración de la prueba. Asimismo, la amenaza de la pena capital por relaciones sexuales entre personas del mismo sexo en algunos Estados, incluso si la legislación no es aplicable, puede tener efectos intimidatorios con impacto en un amplio marco de derechos y servicios de la Comunidad LGBTI.

 

  1. Derecho a ser oído públicamente y con las debidas garantías

 

El artículo 14 del PIDCP requiere que en la determinación de cargos criminales contra una persona, tenga derecho a ser oído públicamente y con debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por ley. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos expresó su preocupación por las ejecuciones ocurridas en Somalia en marzo de 2014 en razón de procesos penales acelerados por cuanto sólo transcurrió un intervalo de nueve días entre los presuntos asesinatos y las ejecuciones, privando a los acusados de las garantías de un proceso justo con derecho a asistencia letrada y presentación de recurso. Otro aspecto preocupante son los juicios masivos donde el gran número de acusados plantea interrogantes respecto de las garantías de un proceso justo. Con frecuencia, la asunción de culpabilidad base para la ejecución se obtiene por ¨confesiones¨ obtenidas mediante actos de tortura o malos tratos.

La asistencia letrada efectiva es esencial en los casos de pena capital, en muchos países, la existencia de servicios jurídicos inadecuados resulta en que individuos de pocos medios económicos o sin privilegios carezcan de representación jurídica. [30]

 

La falta de asistencia legal tiene un impacto muy importante en la población extranjera, como indica la Asamblea General en su resolución 71/181, el acceso a la asistencia consular como prevé el Convenio de Viena sobre relaciones consulares es una pieza esencial de las garantías de un juicio justo. Asimismo, en la Observación general n. 36, el Comité de Derechos Humanos ha señalado que en los asuntos de pena capital, la falta de informar de forma rápida a los nacionales de países terceros de sus derechos a notificación consular según el Convenio de Viena constituye una violación del artículo 6, párrafo 1 del PIDCP, con el objetivo de mejorar el estatus jurídico de los nacionales extranjeros, algunos países de origen, México, Indonesia y Filipinas, han establecido programas específicos de apoyo para aquellos amenazados con la pena capital. Por último, en una reciente sentencia, el Tribunal Internacional de Justicia ha declarado que la privación de asistencia consular en un caso de pena de muerte requería una revisión del caso y una reconsideración de la condena dejando al país condenado libertad de elección pero indicando que nos encontramos ante una obligación de resultado. [31]

Según el artículo 14, párrafo 3 (f) del PIDCP, los acusados tienen derecho a la asistencia gratuita de un intérprete si  no pueden comprender o hablar la lengua del tribunal. En su resolución 1996/15, el ECOSOC urgió a los Estados partes donde la pena de muerte no estuviera abolida a asegurar que los acusados que no entendieran de forma suficiente la lengua utilizada por el órgano judicial estuvieran plenamente informados, bien a través de intérprete o traductor, de todos los cargos y del contenido de la prueba examinada por el juez. [32]

 

  1. Sexta salvaguardia. Recursos

 

La sexta salvaguardia lee: ¨ Toda persona condenada a muerte tendrá derecho a apelar ante un tribunal de jurisdicción superior, y deberán tomarse medidas para garantizar que esas apelaciones sean obligatorias.¨ La relevancia de los recursos o revisiones obligatorios ha sido afirmada por el ECOSOC en su resolución 1989/64. En su declaración para el informe periódico universal al Consejo de Derechos Humanos, China anunció la creación de una Oficina de la Fiscalía para la revisión de casos de pena de muerte.

 

  1. Séptima salvaguardia: perdón o conmutación de pena

La séptima salvaguardia dispone que toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el indulto o la conmutación de la pena; en todos los casos de pena capital se podrá conceder el indulto o la conmutación de la pena, texto que deriva del artículo 6, párrafo 4 del PIDCP que lee: ¨ toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el indulto o la conmutación de la pena de muerte. La amnistía, el indulto o la conmutación de la pena capital podrán ser concedidos en todos los casos. ¨ En su resolución 1989/64, el ECOSOC recomendó a los Estados miembros que establecieran mecanismos obligatorios de apelación o revisión con posibilidad de clemencia o perdón para todos los delitos capitales. En una subsiguiente resolución, 1996/15 se pidió a los Estados que llevaran a cabo ejecuciones asegurarse de que los funcionarios que participaran en el proceso estuvieran informados de los recursos y peticiones de clemencia de los condenados. Por último, en su resolución 36/17, el Consejo de Derechos Humanos solicitó a los Estados que asegurasen la existencia para los condenados a muerte del derecho a solicitar perdón o la conmutación de la pena. En la reiterada Observación n. 36, el Comité de Derechos Humanos ha afirmado que ninguna categoría de condenado puede ser a priori excluido de medidas de atenuación, como tampoco las condiciones de estas medidas deben ser ineficaces, con trámites innecesarios, de naturaleza discriminatoria, o aplicadas de manera arbitraria. No existe un standard internacional para las mismas, y será la legislación nacional la que deberá definir su contenido sin que los familiares de las víctimas puedan tener un papel preponderante a la hora de llevar a término la sentencia o no. Por ejemplo, en Indonesia, el Tribunal Constitucional eliminó el plazo máximo de un año para ejercer el derecho a solicitar clemencia. En Paquistán, por el contrario, el Comité de Derechos Humanos ha expresado su preocupación por la política de pleno rechazo a las peticiones de clemencia.

Finalmente, por cuanto a la conmutación de la pena, este mecanismo reviste gran importancia en los países abolicionistas de facto, dado que la legislación prevé la pena de muerte a pesar de no ser impuesta, la conmutación de la pena es una vía útil para acabar con la amenaza de la ejecución del condenado. En Zambia, donde la pena capital no se aplica desde hace más de dos décadas, el Presidente conmuto 332 sentencias de muerte por penas de reclusión mayor en el año 2017, con este acto, Zambia pone fin al daño y sufrimiento mental y físico de los presos en el corredor de la muerte, al mismo tiempo que se da un paso al frente en pos de la dignidad inherente al individuo. En esta misma lógica, en Kenia, aun año antes, el Presidente conmutó más de 2000 sentencias por penas de reclusión perpetua. Finalmente, en el continente asiático, en febrero de 2017, el Presidente de Sri Lanka conmutó 60 sentencias de muerte por penas de reclusión.

Es reseñable que la conmutación no solo puede originar en el poder ejecutivo, también el poder judicial tiene capacidad para declararla, así, el Tribunal Supremo de Belice cambió la pena capital del último condenado del país por cuanto consideró que su estancia durante más de 13 años en el corredor de la muerte equivalía a un trato inhumano lo que convertía su sentencia en ilegal. De igual forma, la Corte Suprema del Este del Caribe revisó todos los casos de pena capital de Antigua y Barbuda en noviembre de 2016, transformando las sentencias en penas de reclusión perpetua. Asimismo, tanto órganos judiciales nacionales se ha ocupado de los marcos procedimentales que rigen las amnistías, la petición de clemencia, y las conmutaciones, [33]como el  Comité Judicial del Consejo Privado que anuló una disposición que imponía plazos temporales para interponer recursos a las sentencias capitales en San Vicente y las Granadinas, bajo el argumento de que se violaban las garantías del debido proceso. [34]

 

 

 

  1. Octava salvaguardia. Suspensión de la ejecución durante la tramitación del recurso

La octava salvaguardia lee: ¨ No se ejecutará la pena capital mientras estén pendientes algún procedimiento de apelación u otros procedimientos de recurso o relacionados con el indulto o la conmutación de la pena.¨ En su resolución 1996/15 con el objeto de hacer efectiva esta disposición, el ECOSOC pidió a los Estados que llevasen a cabo ejecuciones que sus funcionarios estuvieran informados de la situación de los recursos y de las peticiones de clemencia de los condenados, de nuevo, en la Observación n. 36, se pedía a los Estados que no ejecutaran a los condenados hasta que las peticiones de perdón o conmutación hubieran sido debidamente considerados según los procedimientos establecidos. Por su parte, el Comité contra la Tortura recordó que no cumplir con las medidas provisionales de protección que pedían la paralización de las deportaciones implicaba una violación del artículo 22 del Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y señaló que varios ciudadanos habían sido ejecutados en Bielorrusia mientras que los procedimientos estaban aún bajo estudio.

 

  1. Novena salvaguardia. Minimizar el sufrimiento.

 

La novena y última salvaguardia lee: ¨ Cuando se aplique la pena capital, su ejecución se hará de forma que se cause el menor sufrimiento posible.¨ En su resolución 1996/15, el ECOSOC pidió a los Estados abolicionistas que aplicasen las Reglas mínimas para el trato a los prisioneros, a fin de garantizar el mínimo grado de sufrimiento a los prisioneros con una condena capital, y evitar la exacerbación del padecimiento. En su resolución 2005/59, la Comisión de Derechos Humanos insto a los Estados abolicionistas que cuando llevasen a cabo ejecuciones, éstas ocasionar el menor sufrimiento posible, y que no fuesen realizadas en público o en cualquier forma degradante, asegurándose de que los mecanismos de ejecución especialmente cruentos e inhumanos, por ejemplo la lapidación, fueran suspendidos.

 

  1. Métodos de ejecución

 

En su resolución 30/5, el Consejo de Derechos Humanos recordó que todos los métodos de ejecución entrañaban un grado de dolor y sufrimiento. En la Observación n. 36, se alude al artículo 7 del PIDCP que prohíbe ciertos métodos de ejecución, por ejemplo, la lapidación, la inyección de drogas letales no testadas, la cámara de gas, la muerte en una pira de fuego, la crucifixión, o el entierro en vida, todas ellas formas públicas de ejecución contrarias al artículo 7. Por su parte, el Relator Especial sobre la tortura añadió a estas, el ahorcamiento, la silla eléctrica, la decapitación, así como formas de ejecuciones secretas, o públicas constituyen métodos que causan un sufrimiento mental o físico innecesarios. A pesar de esto, algunos países, como es el caso de Brunei Darussalam en su reciente reforma legislativa en 2019 incluyó la lapidación como forma de ejecución, y en Estados Unidos, en estados como Carolina del Norte autoriza la participación de profesionales médicos, distintos de los médicos, en las ejecuciones lo que resulta contrario a los códigos deontológicos profesionales, o se mantienen bajo estricta confidencialidad la participación de toda persona que participe en la fabricación, preparación o suministro de drogas para su uso en la inyección letal en orden a impedir la persecución judicial de estas. Los estados de Oklahoma y Utah revisaron su legislación procesal para permitir el uso de gas nitrógeno y pelotones de fusilamiento en el supuesto de que los procedimientos para la inyección letal no pudieran ser aplicados.

 

  1. Ejecuciones públicas

 

Las salvaguardias no se refieren explícitamente a la cuestión de las ejecuciones públicas, el Consejo de Derechos Humanos recordó en su resolución 30/5 que las circunstancias en las que las ejecuciones se realizan, especialmente, las ejecuciones públicas que implican una exposición indigna de los condenados se añade al sufrimiento de estos y también de otras personas implicadas, además de producir un efecto deshumanizador sobre la víctima y los observadores presentes.

El informe pone de manifiesto como la práctica de las ejecuciones públicas en Irán es recurrente, a pesar de una circular interna emitida desde el Poder judicial en 2008, en  su respuesta, el gobierno indica que sólo ocurren de forma muy esporádica, y principalmente en delitos relacionados con el tráfico de drogas a efectos de disuasión, y que se toman todas las medidas posibles para evitar que los menores presencien estas ejecuciones. En otros países como la República democrática popular de Corea, y Arabia Saudita también existen testimonios de la ocurrencia de ejecuciones públicas.

 

 

  1. Secretismo

 

En algunos países, las ejecuciones son llevadas a cabo de manera secreta o son anunciadas poco antes de ser llevadas a cabo. En la resolución 30/5, el Consejo de Derechos Humanos afirmó que las ejecuciones secretas, no comunicadas, o anunciadas cuando la ejecución es inminente implica añadir sufrimiento a las personas condenadas y a otros afectados, y se pidió a los Estados que asegurasen que los hijos cuyos padres o tutores estuvieran en el corredor de la muerte, los mismos reclusos, sus familias, y representantes legales fueran informados con la suficiente antelación de información relevante sobre las próximas ejecuciones, a saber, la fecha, hora y lugar de ejecución, además de autorizar una última comunicación con el condenado, la devolución del cadáver a la familia para sus exequias, o en su caso, informar del lugar de reposo del cadáver, a menos que esto no fuera en el mejor interés del menor. El Comité ha manifestado su preocupación por la situación en el corredor de la muerte en Japón durante más de cuatro décadas hasta su ejecución y sin que los condenados o sus familias tuvieran constancia de la fecha de la ejecución. También el Comité contra la Tortura se ha manifestado al respecto, indicando que el secretismo y la incertidumbre respecto de las ejecuciones resultan innecesarias, y afirmando que negar a la persona condenada y a sus familiares de noticias sobre fecha y hora de la ejecución era claramente una violación de sus derechos humanos. Por último, también la OSCE a través de su Oficina para las instituciones democráticas y derechos humanos [35], en el contexto regional europeo, ha señalado que la ausencia de transparencia y el secretismo que rodea las ejecuciones en Bielorrusia podrían constituir un trato cruel, inhumano, o degradante, e inclusive, un acto de tortura. [36]

Por el contrario, en algunos países, sus sistemas judiciales si contienen disposiciones tendentes a minimizar las consecuencias de la ejecución sobre los familiares. Así, en Egipto el Código de Enjuiciamiento Criminal prevé en su artículo 472 que los familiares sean informados de la fecha fijada para la ejecución. Kuwait señaló en su respuesta al informe que los familiares pueden disponer de una visita y que la administración penitenciaria está obligada a informales de esta posibilidad.

 

 

  1. El corredor de la muerte

El requisito de la novena salvaguardia de causar el menor daño posible al ejecutar la pena capital resulta relevante para el período entre el pronunciamiento de la sentencia y su ejecución. En su respuesta al cuestionario, Japón indicó que el tiempo promedio entre condena y ejecución era de 8. 75 años. Qatar señaló que el tiempo de permanencia en el corredor de la muerte era ¨con frecuencia prolongado¨ y que el intervalo más extenso entre condena y ejecución había sido de 23 años. Por su parte en estadísticas proporcionadas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América ofrecidas para el año 2017 se mostraba que progresivamente se incrementaba el tiempo entre condena y ejecución, así, la media más reciente era de poco más de 20 años; lo que significaba un aumento de 3 años y 3 meses con respecto al año precedente, y un intervalo aún mayor en comparación con el año 2007, que fue de 7 años y seis meses. De los veintitrés condenados ejecutados en 2017, 16 habían sido condenados en 1999 o antes. Sobre este asunto, la Comisión Interamericana tuvo la oportunidad de pronunciarse en un asunto de un condenado que llevaba veinte años en el corredor de la muerte, señalando que ese lapso temporal excedía con mucho los plazos que tanto órganos internacionales como nacionales han interpretado como trato inhumano, cruel y degradante, y conculcaban los artículos XXV y XXVI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. [37]

 

  1. Hijos de personas condenadas a muerte o ejecutadas.

El impacto en los derechos humanos de los hijos con la imposición y ejecución de la pena capital recibió una atención creciente durante el quinquenio examinado. Ya en 2013, la Asamblea General adoptó la resolución 68/147 donde reconocía que una sentencia a muerte de un progenitor tenía un impacto muy grave en el desarrollo del hijo. De igual forma, primero, el Representante especial del Secretario General sobre violencia contra los niños[38] alertó de que no obstante, la pérdida de un progenitor, en situaciones normales, era algo traumático e irreversible, cuando la muerte ha sido producto de un actor proveniente de la Autoridad de un país, esto era algo difícil de comprender para un menor además de crearle un gran temor, que los lleva a una gran reserva y a un sentimiento de negación, y enfatizó el gran número de derechos del menor que se coartan con una sentencia a muerte de su progenitor, segundo, el Relator especial sobre la independencia de jueces y abogados [39]también manifestó que los hijos de padres condenados a muerte sufrían una experiencia atrozmente devastadora con aislamiento social y estigmatización, y por último, el Comité sobre los derechos del menor expresó su pesar por el impacto en los menores de la pena capital de sus padres y la falta de atención y de apoyo psicológico.

 

 

Final. Conclusiones y recomendaciones

El décimo informe quinquenal al Secretario General marca medio siglo de presentación de informes y análisis de información sobre la cuestión de la pena capital lo que ofrece una oportunidad única para valorar la evolución en la materia. Así, en el primer informe sólo 22 países habían eliminado la pena capital de sus códigos penales desde 1863 cuando lo hizo Venezuela. [40] Desde la firma de la Carta de Naciones Unidas en 1945 y hasta 1972 sólo lo hicieron siete Estados. A comienzos de la década de los setenta la situación comenzó a variar y en estos momentos, los Estados abolicionistas de facto o de iure, han pasado de 32 a 167. No obstante, este último informe nos deja un amargo sabor de boca puesto que ha habido un aumento del número de ejecuciones, y pareciera que existe un renacimiento de esta pena. Estas transformaciones en la práctica se han visto replicadas por el desarrollo de un proceso dinámico normativo. Al concluir el período de examen, ciento y siete países se encontraban vinculados por compromisos convencionales a no implementar la pena capital, y los tribunales internacionales de derechos humanos, los órganos de control de los tratados, y los procedimientos especiales constantemente refuerzan las restricciones al uso de la pena capital.

El mismo Comité de Derechos Humanos al presenciar el incremento del número de firmantes al Segundo Protocolo Opcional al PIDCP sostiene que somos testigos de un proceso importante de convencimiento entre Estados de que la pena capital debe contemplarse como una forma de castigo cruel, inhumano o degradante.

Por todo lo anterior, el ECOSOC realiza las siguientes recomendaciones, (mencionamos los puntos más representativos): a) Los Estados retencionistas deben informar del número de personas ejecutadas y de los crímenes para los que es aplicable, todo ello en base a un principio de transparencia, requisito esencial para un sistema de justicia penal efectivo y justo; b) Los Estados abolicionistas deben disponer de un marco legislativo adecuado de extradición y deportación que prohíba de forma taxativa la entrega a aquellos países en los que exista un riesgo real de que la pena de muerte será ejecutada; c) Se debe impulsar a los Estados que aún no han abolido la pena de muerte de iure pero que han dejado de llevar a cabo ejecuciones para que ratifiquen o accedan al Segundo Protocolo opcional al PIDCP; d) Los Estados retencionistas deben garantizar que los condenados en el corredor de la muerte se beneficien de todas las garantías que se mencionan en las Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos; e) Los Estados retencionistas deben cumplir con la prohibición absoluta de ejecutar menores, mujeres embarazadas o con lactantes, y personas con discapacidades y adultos mayores; f) Los Estados retencionistas deben asegurar un acceso adecuado y eficaz a los procedimientos de clemencia o perdón; g) Los Estados que aún mantienen la pena capital deben limitar su aplicación a los crímenes más graves y que su imposición no sea obligatoria para los jueces para que éstos puedan valorar las circunstancias específicas del caso y del perpetrador; h) Por último, en cualquier reforma penal relacionada con la pena capital, los Estados deben cumplir con todos los estándares y normas inherentes al sistema de justicia criminal.

 

 

 

 

 

[1] Ver, original en  https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2020/53.

[2] Preparado por el experto William Schabas de la Universidad de Middlesex, Reino Unido

[3] De los cuales, se manifestaron cuarenta como países abolicionistas de iure.

[4] Por ejemplo, Amnistía Internacional, Death Penalty Focus, Fundación Luz María, International Harm Reduction Association,(IHRA) y la Federación Japonesa de Colegios de Abogados

[5] Este tránsito rápidamente a la primera categoría.

[6] Esta categoría fue introducida en el tercer informe quinquenal en 1985, el número de países se incrementado de forma sustancial en estas décadas, y países occidentales como Bélgica han estado dentro de esta categoría desde su inicio, no pasando a la categoría de iure hasta 1996.

[7] Por ejemplo en Níger, no se realizan ejecuciones desde el año 1976 y el país ha apoyado las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre moratoria de la pena capital, e Israel sólo ha realizado dos ejecuciones, la última la del criminal de guerra y genocida Eichmann en 1962.

[8] Por ejemplo las Islas maldivas que incluso contempla ampliar la pena capital a los menores de edad, y a pesar de reconocer la validez de las recomendaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de los expertos internacionales; o Papua – Guinea, país que no lleva a cabo ejecuciones desde 1953 y que ha revisado sus códigos penales y de procedimiento desde 2013 para ampliar delitos y formas de ejecución.

[9]En el cierre de la elaboración de este informe, la Justicia federal ha reanudado la ejecución de penas tras diecisiete años sin hacerlo. Ver, https://www.emol.com/noticias/Internacional/2019/07/25/955812/Gobierno-de-EEUU-anuncia-la-reanudacion-de-la-pena-de-muerte-a-nivel-federal-tras-20-anos-de-suspension.html.

[10] http://www.handsoffcain.info/.

[11] Excluida Taiwán donde se llevaron 13 ejecuciones en el período 2014-2018, y 18 en el período anterior.

[12] Los datos más recientes de estos países los encontramos en el Octavo Informe quinquenal para el período 2009-2013, en concreto, China: 8590 muertes; República Democrática Popular de Corea, 222 y Vietnam, 21.

[13] http://torturefreetrade.org/.

[14] Por ejemplo, en la adoptada en 2015, se condena la utilización de la pena capital para suprimir las fuerzas opositoras políticas, o por motivos de creencias religiosas, homosexualidad o adulterio, así como denuncia la ineficacia de la pena capital para terminar con el tráfico de drogas, ya sean traficantes o adictos.

[15] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0035_EN.pdf.

[16] El texto del Protocolo Adicional fue adoptado por la Comisión en su LVI sesión ordinaria en mayo de 2015.

[17] Por ejemplo, Bangladesh, Bielorrusia, China, India, Irán, Irak, Somalia y Sudan, y probablemente en varios más.

[18] Por ejemplo, Argelia, Bangladesh, Egipto, Líbano, Libia y Paquistán.

[19] Zeid, deplores mass executions in Iran, 5 agosto de 2016. https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20344.

[20] https://www.incb.org/.

[21] https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/GC24/GeneralComment24.pdf. ( en inglés)

[22] Si bien Pakistán prohibió la ejecución de menores en el año 2000, esta no ha tenido efectos retroactivos, y se han producido ejecuciones incluso cuando la edad no se podía confirmar, por lo que el Comité de derechos del menor ha instado a Pakistán a establecer procesos para determinar la edad del condenado y cuando esta no pueda determinarse, que se privilegie el derecho al beneficio de la duda.

[23] Según la legislación de menores de este país, si un crimen cometido por un menor fuera castigado con pena capital, la sentencia quedaría aminorada a una pena de reclusión de diez años. Sin embargo, existen datos que demuestran que este país juzga a mayores de 15 años como adultos y se producen condenas y ejecuciones de menores de 18 años, al igual que Irán por delitos qisas o hudud, por ejm, homicidio, adulterio, violación, hurto, robo armado, o sodomía, a menores de 15 años en el caso de varones, y de 9 años para niñas.

[24] En Estados Unidos, a finales de 2018, alrededor de 50 mujeres se encuentra en el corredor de la muerte lo que representa un 1.8% de toda la población reclusa en el corredor de la muerte.

[25] El Comité de derechos de las personas con discapacidades en su informe sobre Irán manifestó su preocupación de que las personas con discapacidad pudieran enfrentarse a una mayor probabilidad de incurrir en la pena capital debido a déficits de procedimientos en las fases procesales. En Estados Unidos, la Corte Suprema en una decisión de mayo de 2014 sobre la pena de muerte a personas con discapacidades declaró que era inconstitucional rechazar tomar en consideración factores mentales más allá de un test corriente de inteligencia. El Tribunal Supremo de la India conmutó la sentencia de pena de muerte de dos individuos por reclusión a perpetuidad sobre la base de ¨enfermedad mental¨. Por último, en marzo de 2017, el Comité Judicial del Consejo privado con jurisdicción en el Caribe, aceptó que la ejecución en Trinidad y Tobago de una persona con ¨dificultades importantes de aprendizaje¨ constituía una forma de castigo cruel e inusual.

[26] https://wcd.nic.in/sites/default/files/POCSO%20Act%2C%202012.pdf, ( en inglés)

[27] http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsukPtYsnxNH1DBeueuCbK4gNNUdce97yVDmy6VuB44KlAwIkAzMraG4ZBKxAupDdNIpcqKhrJKaGGWest7xbLiGGvaQM5iHvoj4dl1eG69XZB2fGJmkLIZ74jCMxXjPogA%3D%3D, (en español)

[28] https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Minority/Pages/ForumIndex.aspx. (en inglés)

[29] En este país, la composición racial de los jurados es una de las principales causas de los prejuicios raciales en la aplicación de la pena capital. Grupo de trabajo de expertos sobre personas de origen africano. https://www.ohchr.org/EN/Issues/Racism/WGAfricanDescent/Pages/WGEPADIndex.aspx. (en inglés)

[30] Por ejemplo, la Comisión Nacional Keniata de Derechos Humanos informó que muchos de los presos en el corredor de la muerte no se habían beneficiado de un juicio justo en parte por factores como la pobreza, carencias educativas, o la lejanía. https://www.knchr.org. (en inglés)

[31] Asunto Jadhav, India c. Paquistán, sentencia de 17 de julio de 2019. https://www.icj-cij.org/en/case/168.

[32] A mayor ahondamiento, el Relator especial sobre ejecuciones arbitrarias, sumarias o extrajudiciales, ha indicado que esta protección debe extenderse más allá de las salas del tribunal, en concreto a las dependencias policiales durante los interrogatorios.

[33] La Corte de Apelación de Botsuana sostuvo que existía una garantía constitucional para solicitar clemencia al Presidente y que era obligatoria la existencia de un comité para procesar cada petición de clemencia.

[34] Asunto Lovelace c. Queen, sentencia de 15 de junio de 2017.

[35] https://www.osce.org/odihr. (en inglés)

[36] En una decisión del Comité de Derechos Humanos, se constató que las autoridades de este país se habían negado a revelar a la madre de un recluso del corredor de la muerte de la fecha de ejecución, a entregar su cuerpo, o a comunicar el lugar de entierro del cadáver.

[37] CIDH, ¨ Informe sobre el fondo: Rusell Bucklew – United States ¨ Informe no. 71/18 Asunto No. 12958 de 10 de mayo de 2018, para. 91

[38] https://violenceagainstchildren.un.org/. (en inglés).

[39] https://independence-judges-lawyers.org/. ( en inglés).

[40] http://www.amnistiacatalunya.org/edu/es/historia/pm-cronologia.html. (en español).

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