Pena de muerte una pena politica

Luces y sombras de la reciente ejecución en Nebraska. Un episodio más de la categoría pena de muerte, drogas.

Antonio Muñoz Aunión

Investigador Repecap. Academicsforabolition.net

La reciente y expedita ejecución llevada a cabo en el estado de Nebraska del condenado Carey Dean Moore, se puede considerar como una respuesta inhumana al recurso suspensivo planteado en otro estado de la Unión americana, Nevada, para interrumpir la ejecución del condenado Scott Dozier, por parte de la empresa farmacéutica fabricante del opiáceo por la utilización no legítima del producto,  lo cual supone un importante paso adelante y la constatación de que la presión de Ongs y la acción concertada de los estados de la Unión Europea, a través de la política exterior y de seguridad común y del pilar comunitario, por cuanto el peso específico de esta economía, han logrado afirmar el principio de la responsabilidad de las empresas transnacionales en el fortalecimiento de los derechos humanos enmarcado en el Global Compact, convirtiendo este texto en algo más que un tigre de papel. Del inicial retraimiento de las empresas y las alertas externas sobre importaciones paralelas toleradas al menos por sus directivos, se ha pasado a una posición proactiva de denuncia por parte de las mismas sobre acceso a un mercado ilegal que equipara a los funcionarios de los departamentos de prisiones con usuarios domésticos de drogas ilícitas llegando a una paradoja por cuanto a la tendencia de tolerancia cero en la Oficina de Naciones Unidas para la Justicia penal que tanto redito y soporte tiene en los países del continente asiático y la península arábiga.

En este caso de Nevada, la empresa Alvogen, solicitó la paralización del procedimiento, afirmando que la droga se obtuvo bajo falsas declaraciones, por cuanto se muestra contraria a su uso para la pena capital, y añadiendo ¨ perjuicios y daños irreparables ¨ para la marca si la ejecución se llevaba a cabo.  En Nebraska, la vía legal se vio acotada, dado que la empresa Fresenius Kabi no pudo demostrar el origen último de los medicamentos.

A estas técnicas de última hora de la industria farmacéutica, el juez del Tribunal Supremo Samuel A. Alito jr, las ha calificado como ¨una guerra de guerrilla contra la pena de muerte¨

Hay que recordar que estos opiáceos son responsables de la muerte de miles de personas en América, y agente principal de la pandemia nacional de sobredosis. Las calles de América son testigos de muertes por sobredosis de fentalino lo que no implica que esta forma de morir deba considerarse como una forma de ejecución aceptable en una aceptación malévola del resultado muerte.

Esta ejecución además supone un retroceso en el estado donde no se habían llevado a cabo ejecuciones desde 1997 y su rápida reinstauración mediante voto popular, supone acabar con la reflexión hecha en el Capitolio de este estado, sobre la pena capital como un castigo aberrante e indefendible, [1]así como una incoherencia por cuanto a la durabilidad de las políticas públicas, recordemos que son varios instrumentos internacionales los que abogan por no reimplantar la pena capital una vez abolida.

La posición férrea de las empresas farmacéuticas están obligando a los responsables legales de estas ejecuciones a cruzar el paso del Diablo, por cuanto acudir a empresas intermediarias de dudosa legalidad con el incremento en los costes, o a utilizar mecanismos de ejecución anticuados que nos llevan a tiempos pretéritos atentando contra la dignidad humana y la prohibición de las penas crueles, e inhumanas, como la reciente propuesta del estado de Ohio de ejecutar mediante gas letal, u otras como ahorcamiento y fusilamiento. [2]

Esta muerte tiene un componente político que va mucho más lejos de la finalidad de la pena y el ejecutado pasa a formar parte de una categoría más de ejecuciones injustas que atentan contra los principios del debido proceso haciendo de esta muerte un elemento más para la construcción del relato abolicionista.  Además de ser una respuesta por parte de la América católica profunda al reciente mandato papal de proscribir esta pena de los textos religiosos.

 

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